En Costa Rica, todos los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y a examinar la conducta pública de los funcionarios. Lo anterior es parte de la esencia de un sistema democrático. Sin embargo, también lo es, el respeto de la voluntad de la mayoría.
La democracia es respetar la opinión de todos, pero acatar la voluntad de la mayoría. Es sano y conveniente buscar consensos, pero eso no significa lograr unanimidad. Muchos menos, que la voluntad y el interés de la colectividad no pueda ejecutarse, debido a los actos de algunos respetables ciudadanos que dinamitan el sistema.
En Costa Rica, es difícil desarrollar obras y generar progreso, cada vez que un funcionario intenta hacer algo, termina envuelto en alguna denuncia en la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes o el Ministerio Público. La mayoría de esa denuncias no tienen fundamento y terminan archivadas. Sin embargo, el precedente es funesto.
Para los funcionarios públicos, el desgaste moral, familiar, profesional y incluso en la salud que causan estos procesos es terrible. Lo peor de todo, es que han producido la filosofía del “low profile” que en castizo quiere decir: “Limítese a cumplir el horario, no haga más de lo debido, no asuma responsabilidades, no ejecute por que si se equivoca le abren un proceso administrativo y no se meta con migo porque lo denuncio, le hecho la prensa o hago circular un anónimo”.
¿Cómo atreverse a actuar, construir, desarrollar ideas, ejecutar obras en un entorno tan difícil?
Cuando se desarrollo una obra o se ejecuta un programa es imposible que todo salga perfecto, existen aciertos y desaciertos, pero si no se intenta no es posible avanzar.
Si una institución decide hacer una obra y alguien no está de acuerdo y las cosas no resultan “perfectas”, muy posiblemente, los funcionarios terminan en el Ministerio Público o formando parte de un escándalo. Lo anterior, aunque no existan estudios técnicos que la justifiquen.
¿Quién querrá tomar decisiones en un entorno tan complicado y de riesgo personal?
El Estado se anquilosa y aquellos que haciendo sacrificios personales decidieron dedicar tiempo al servicio público desperdician su tiempo.
¿Cómo resolver este problema?
Primero que todo, comprendiendo que cualquier obra implica riesgos y que los estudios son aproximaciones, son un esfuerzo para anticipar en lo posible, los resultados. Pero que no existe nada completamente seguro ni perfecto y que el equivalente al riesgo comercial, en la obra pública, es aceptable.
Lo segundo, en esta labor de desenredo del Estado, de ayudar a hacerlo más eficiente es proteger a los funcionarios bien intencionados, que tienen mística y entrega, de esa patología social. En ese sentido, es muy importante que aquellos que reciben denuncias temerarias o que por su contenido se refieran a diferencias de criterio en el buen gobierno de los asuntos públicos, las valoren, califiquen y las rechacen rápidamente “ad portas”. Que no les den curso alimentando la perversidad, porque el someter a los funcionarios a un proceso, aunque resulten inocentes, es de por sí ya un castigo, para él y para su familia.
Por último, establecer en la función pública, metodologías capaces de medir le eficiencia de los funcionarios en su gestión.